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[355]|Del 11 al 15/07 de 2016

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Argentina – De malas implementaciones, parches y como no llegar nuevamente a los mismos callejones. Desde fines del año pasado venimos subrayando que las buenas implementaciones son tan importantes como las buenas ideas, medidas o, incluso, planes. Pues, sentido común mediante, una mala implementación puede arruinar la mejor medida y con ella complicar o hacer trastrabillar al mejor plan económico. Incluso, puede poner en “tela de juicio” buena parte del nivel de consistencia del plan.

En ese sentido, la comunicación es una parte fundamental en la implementación de cualquier medida de política económica. La misma tiene que ser, principalmente, clara y certera sobre los efectos de la medida. Sobre todo cuando se espera que el anuncio afecte las decisiones de consumo de los agentes económicos antes que el mismo se efectivice. Que es el caso de los incrementos de las tarifas de los servicios públicos que son facturadas y abonadas después de que los consumos son efectivamente realizados.

Probablemente ese sea uno de los mayores errores en la implementación de los incrementos tarifarios del gas natural de red. Los consumidores nunca pudieron estimar de forma más o menos certera cual iba a ser el incremento que enfrentaban en el precio/tarifa del gas natural de red antes de efectuar el consumo y recibir la correspondiente factura. Consecuentemente, nunca tuvieron la información correcta y necesaria para tomar las correspondientes decisiones de consumo y se sintieron sorprendidos, como mínimo, al recibir las correspondientes facturas.

De allí en más lo ya sabido, y ahora finalmente, una nueva marcha atrás de la Administración Macri. Que es mucho más grande que lo que se comunicó, reconoció y hasta puede apreciarse a primera vista. Pues, no sólo acota la magnitud del ajuste tarifario. Además, reincide en los parches, vuelve a romper una regla básica de cualquier sistema coherente de precios/tarifas (se apaga en función de lo que se consume), patea la decisión de la readecuación tarifaria a la previa de un año inminentemente electoral como el 2017 y, para colmo de males, reduce el ajuste fiscal proyectado para 2016 en mucho más de lo que se reconoció.

Como puede esperarse que el nuevo esquema tarifario incentive inversiones en infraestructura de muy largo aliento, como son las del sector de producción, transporte y distribución de gas natural, cuando a poco de empezar andar, la nueva administración vuelve a reincidir en los parches, rompiendo principios básicos de cualquier sistema tarifario y modificando drásticamente la estructura de ingreso de las empresas concesionarias. Que son las que tenían que dar pie a un importante esfuerzo de inversión en el sector.

Asimismo. Existe un principio básico en economía que nos indica que la demanda de cualquier bien es función, entre otros factores, del precio/tarifa del bien o servicio en cuestión. Es más, sacando puntuales excepciones, esa relación es inversa. Es decir, a menor precio/tarifa, todo lo demás factores relevantes constantes, mayor demanda.

Ergo, cuando el Estado Nacional le dice al consumidor que cómo máximo pagará cinco veces el monto final de la factura comparable del año pasado, le está diciendo que a partir de ese punto el consumo excedente tiene costo cero para él, porque el mismo correrá por su cuenta y lo cubrirá vía subsidios. Con lo cual, cualquier estimación de costo fiscal que se haga en base a los consumos actuales está condenada a subestimar el impacto que esa decisión va a tener sobre las correspondientes partidas presupuestarias: Sobretodo, si se toma en cuenta, que fue mucho más clara la comunicación de los efectos de este parche incremental de subsidios sobre el bolsillo de los consumidores, que la del ajuste inicial. Aunque resulte paradójico.

Este no es un tema menor. Las tarifas bajas son la contracara de los altos subsidios a las empresas concesionarias de servicios públicos, que son el corazón del ajuste fiscal que debe encarar el Estado Nacional para recuperar el equilibrio presupuestario, de forma de poder encarar de forma consistente y sustentable la estabilización macroeconómica. De la cual, una de las patas más visibles del último es la reducción de los altas tasas de inflación.

Al respecto, vale la pena considerar lo siguiente: En 2015, las transferencias corrientes al sector privado sumaron $ 325.788 millones, 5,6% de PBI nominal estimado por el nuevo INDEC para ese año con la base de Cuentas Nacionales (CN) 2004. Ese mismo año, el déficit primario real (sin rentas del BCRA y el FGS del SIPA) fue de $ 230.723,50 millones, equivaliendo a 4,0% PBI nominal, y el rojo financiero fue de $ 350.005,4 millones, equivaliendo a 6,0% PBI nominal. En tanto, en ese mismo año el financiamiento monetario aportado por el BCRA al Tesoro Nacional vía Adelantos Transitorios, giro de utilidades devengadas y demás operaciones sumó $ 175.664 millones, el equivalente a 3% del mismo PBI nominal.

Léase, la equivalencia entre tarifas, subsidios, déficit fiscal y financiamiento fiscal vía emisión monetaria es tan evidente, que resulta casi burda.

Por eso mismo. Lo que ocurrió no es un tema menor. Por lo motivos que fueran, la solución que se eligió es tanto o más mala que la implementación inicial del ajuste tarifario. Porque afecta uno de los pilares fundamentales del programa macroeconómico: El Frente Fiscal. Ergo, lo deja herido en un aspecto clave: La consistencia. Con la esperanza de corregir en el mismo inicio de un año inminentemente electoral como el 2017.

Cerrando, muy a nuestro pesar, esta última decisión de la Administración Macri acaba de incrementar significativamente el riesgo de volver a reincidir en los mismos callejones de los que estábamos intentando salir. Esperemos que hacia fin de año y comienzos de 2017 se produzcan las necesarias correcciones.